Quito – Con motivo del X Aniversario del Programa de Acción 2001 de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todo sus aspectos (PoA), la ciudad de Quito fue sede del seminario “Fortaleciendo los compromisos para combatir las armas ligeras y pequeñas” organizado por el Equipo Técnico de Control de Armas de Ecuador, con el apoyo del Gobierno de Alemania y la colaboración de la organización Global Action to Prevent War. UNLIREC fue invitado a participar como experto y en el marco del paquete de asistencia que el Centro Regional viene prestando a la Comunidad Andina.

El seminario, que fue inaugurado por el Vicealmirante Homero Arrellano, Ministro de Coordinación de Seguridad de Ecuador, de Javier Ponce, Ministro de Defensa del Ecuador y Sabrina Pfiffener de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, convocó a los Estados miembros de la Comunidad Andina durante el 12 y el 13 de diciembre para analizar los avances y retos en la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego. En palabras del representante del Ministerio de Defensa, esta será una oportunidad para evaluar la implementación del programa y otros compromisos relacionados en materia de seguridad.

En su intervención, el Ministro de Coordinación de Seguridad señaló que “una sociedad más armada no es una sociedad más segura” y subrayó que “las armas generan violencia e inseguridad que afecta a las poblaciones de las sociedades más frágiles”. Finalmente, el Vicealmirante Arrellano aseveró que el Ecuador es “una sociedad de paz con un territorio de paz y por eso seguirá manteniendo la política de que portar armas no está permitido”.

El tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras constituye una grave amenaza a la paz, la seguridad, la gobernabilidad, la estabilidad y el orden democrático institucional de los países y atenta contra la aspiración de las sociedades a alcanzar mayores niveles de desarrollo político, económico, social y cultural, sostenibles. En este marco, la Comunidad Andina adoptó en 2003 el Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos, más conocido como Decisión 552, con el objetivo de traducir y poner en práctica PoA en la región andina de manera práctica y efectiva.

La Decisión 552 prevé el fortalecimiento de las capacidades nacionales para regular aspectos que van desde la fabricación, importación, exportación, transferencia, comercialización y intermediación, pasando por el transporte, tenencia, ocultamiento, usurpación, porte y uso legal de este tipo de armas, así como el establecimiento de mecanismos de cooperación comunitarios.