Construyendo sobre la misión previa llevada a cabo en julio, los representantes del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) regresaron a Trinidad y Tobago en noviembre y diciembre para continuar trabajando con las autoridades del Gobierno en la implementación de una legislación nacional que aborde el financiamiento de las actividades de proliferación de armas de destrucción masiva (ADM).
Los talleres sobre la elaboración de leyes se centraron en la creación de nuevas disposiciones penales para tipificar como delito el financiamiento de la proliferación e introducir nuevas penalidades para tales actividades. Asimismo, se prestó atención a la ampliación de la función, el rol y el alcance de los poderes legislativos requeridos por la Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago que permitan la regulación del financiamiento de la proliferación, así como del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Se prestó especial atención a la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCR) sobre las sanciones y restricciones específicas para la República Popular Democrática de Corea (RPDC) e Irán, respectivamente. Dadas las fechas de la celebración del taller de diciembre, la publicación de la última resolución de sanciones a la RPDC (UNSCR 2321 [2016]) significó un oportuno recordatorio sobre la preocupación que ocasiona en el clima mundial de seguridad la proliferación de las ADM.
Asimismo, además de los talleres sobre la prevención del financiamiento de la proliferación, UNLIREC aprovechó la oportunidad para proporcionar apoyo en el Plan de Acción Nacional voluntario de Trinidad y Tobago (NAP, por sus siglas en inglés) que articula el plan nacional para la implementación de la Resolución 1540 (2004). Se espera que Trinidad y Tobago presente su Plan de Acción Nacional a inicios del 2017.